MIGRANTE,
MUJER, VÍCTIMA
Gloria Serrato
Colaboración
para el programa A Detalle en Global Media
18 DE
JULIO DEL 2016
Las
mujeres, niñas, niños y adolescentes son el grupo más vulnerable de la
movilidad humana. En el caso de las personas
migrantes de Centro y Sud América se hace muy complejo el trayecto debido a los
delitos que viven, secuestro, extorsión, violación, que afectan su dignidad y
lesionan su integridad humana.
Las
mujeres han tenido que abandonar sus países de origen por necesidades
económicas, son madres de familia que llevan la manutención integra del hogar y
ven en los Estados Unidos el cambio que requieren para mejora sus vidas.
La
movilización humana es un derecho humano, sin embargo no ha sido visto de esa
manera, por el contrario a las mujeres las explotan sexualmente durante la
travesía, en una forma de trata de personas, en las que les condicionan el
viaje a cambio de un pago por deudas que contrajeron con los polleros que les
dan asistencia.
Cada
vez que hay un cambio de “pollero” es un costo adicional, hay una nueva deuda
que pagar por parte de la mujer que está siendo “cuidada” durante el viaje, la
persona que está en situación de víctima se siente en compromiso con la persona
que dice le va a ayudar, de tal modo que cede a las acciones que le pide
realice, entre ellas la prostitución forzada.
Para una mujer poner una denuncia en nuestro país es un hecho que no
contempla, lo hace cuando considera que hay una red de apoyo que podrá
acompañarla ante las autoridades, sobre todo para evitar que puedan ser
violentados
sus derechos humanos y regresarla a su país de
origen.
Las
personas que están en tránsito y que han sido víctimas de un delito o de
violación de derechos humanos difícilmente ponen una denuncia y cuando lo hacen
es por el acompañamiento que tienen de casas de migrantes en algunos lugares
del país, entre ellos San Luis Potosí, en este caso la Casa del Migrante les
brinda asesoría sobre sus derechos y con énfasis en lo señalado por la Ley de
Migración en su Artículo 73[1]
:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los
migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad,
género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos
vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas
de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una
situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un
delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.[2]
En
lo que corresponde a la atención de ayuda, apoyo, asistencia y reparación
integral la debe otorgar la Comisión de Víctimas, que se respalda en la Ley de
Víctimas para el estado de San Luis Potosí y en la Ley General de Victimas en la que se señala que
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en
el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de
protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus
derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en
situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de
desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del
menor. Párrafo Enfoque Diferencial y especializado. [3]( 2016)
La
desatención que viven las personas migrantes provoca que sean susceptibles de
los grupos delictivos, de las propias autoridades migratorias, de sus compañeros
de viaje, les infunden temor y desconfianza para poder denunciar los delitos
que son víctimas, tienen desconfianza de las autoridades mexicanas, por lo que
son grupos de personas con una alta vulnerabilidad, si además a ello agregamos
su condición de género, de edad, de grupo étnico, se incrementan los factores
de riesgo y de daño que puedan sufrir en
los trayectos.
Es una
responsabilidad de las autoridades mexicanas darles el apoyo necesario en el
momento que denuncian el delito del que fueron víctimas, al respecto el 18 de
diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
para crear una Unidad de la Procuraduría General de la República de
Investigación de Delitos para personas migrantes y el Mecanismo de Apoyo
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, que facilitará el acceso a la
justicia para víctimas directas e indirectas de desaparición, secuestro.
La
discriminación contra las personas migrantes es generalizada en nuestras
regiones, se les ve como una amenaza de seguridad, del patrimonio, de la
integridad; esto sin duda alguna incrementa las diferencias que existen entre
las personas y se les criminaliza.
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