¿EN QUÉ VA LA AVG?
Colaboración
para Global Media
24 JUNIO
2019.
En Memoria de las 68 víctimas de feminicidio de
2016 a la fecha
(Reporte tomado de Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
Las mujeres hubiéramos querido celebrar el segundo
aniversario de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) con
hechos concretos sobre la erradicación de la violencia feminicida; vamos, por
lo menos que en todos los casos de muertes violentas de mujeres estuviera concluida
la investigación y con sentencia definitiva en una clasificación del tipo penal
como feminicidio.
Llegar a los dos años de la declaratoria de la AVG con
actividades reportadas que se justifican ante la Comisión Nacional para
prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) pero sin ninguna
articulación interinstitucional que muestre el compromiso real del Gobierno del
Estado para que exista una estrategia de política de persecución penal, en la
erradicación de los feminicidios; ésta, la política de persecución, no va
orientada a este tema, porque sigue sin ser significativo para quien lleva a
cabo la política pública en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres garantizarnos una vida libre de
violencia.
¿En estos dos años cómo ha enfrentado el Estado
potosino el fenómeno criminal del feminicidio? ¿Por qué las acciones que se
anuncian en los medios de comunicación, no tienen un impacto en el cambio
cultura de las personas que ejercen violencia? ¿Cómo empezó el gobierno estatal
a diseñar estrategias claves que pudieran replicar los municipios con AVG?
¿Cómo siguió el ordenamiento de la Declaratoria?
Debemos poner siempre en el centro que la violencia
contra las mujeres está considerada como un acto de discriminación que impide
el ejercicio pleno de todos nuestros derechos y por tanto, es una violación a
derechos humanos.
Implementar la AVG en un estado en el que el propio
gobernador recién electo solicitó a la Secretaria de Gobernación que la
decretara, no ha sido tan sencillo como se esperaba, ni tan mágico como sólo
decir que hay voluntad política –sin haberla- para prevenir, atender,
sancionar, erradicar la violencia feminicida.
Parecía solo seguir una receta sin complicaciones, sin
dilaciones para atender lo que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia se señala como AVG “medidas de emergencia”. La vía más
rápida para aparentar la dificultad, la omisión o el NoSéCómo es recordar
siempre que estamos frente a un fenómeno cultural multifactorial.
Vamos a desglosar las primeras acciones que el
Gobierno del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo desde que la Secretaría de
Gobernación anunció mediante la declaratoria de la AVG el 21 de junio de 2017,
Primero fue identificar que se debía hacer con cada una de las tres medidas:
I.- Medidas de seguridad,
II.- Medidas de Prevención,
III Medidas de Justicia y reparación
Cada
una de éstas con cinco, ocho y seis acciones que podrían generar otras tantas
como el Gobierno Estatal considerara para dar cumplimiento a las medidas de
emergencia.
El primer gran obstáculo que el gobierno encontró es
que no había recursos económicos para cumplir la AVG, pero tal como lo diseñó
la propia CONAVIM podía el ejecutivo estatal realizar una serie de proyectos en
coordinación con la sociedad civil para acercarse recursos, y de esta manera
atrajo cuatro millones de pesos mediante la firma del “Convenio[1]
de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San
Luis Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto
Estatal de Acciones para el Cumplimiento de Medidas Específicas de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado
de San Luis Potosí”.
Una de las actividades más importantes a realizar con
el Convenio referido es el Diagnóstico de
tipos y modalidades de Violencia contra las Mujeres en el estado de San Luis
Potosí, que se entregó pocos días antes del aniversario dos de la AVG.
Antes de que los recursos pudieran llegar a las arcas
del gobierno estatal derivado de este Convenio se iniciaron actividades bajo el
cobijo de la Declaratoria, pero que
también sirvieron para refugiar a políticos y política en campañas electorales,
claro sin que hubiera efectos, porque hasta hace unos días el ejecutivo envió
al Legislativo un paquete de iniciativas de reforma que refuerzan los aspectos
de la Declaratoria de la AVG.
Estas actividades tienen que ver en su mayoría con las
Medidas de Seguridad y las de Prevención, pero es importante que se articulen
para que cumplan eficientemente con lo señalado en la Declaratoria.
Por otro lado en lo relativo a las Medidas de Justicia
y Reparación, se ordena la creación de dos aspectos relevantes, uno de ellos es
la Unidad de Contexto para la investigación de los feminicidios, homicidios
dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición y que muestre las dinámicas
delictivas de violencia contra las mujeres; y el otro es la integración de un
grupo especializado encargado exclusivamente del análisis de las carpetas de
investigación y averiguaciones previas de asesinatos cometidos contra mujeres
de 2011 a la fecha, con el objetivo de identificar las deficiencias en las
investigaciones.
A cambio de estos dos aspectos cruciales para la
sanción de la violencia feminicida, el Convenio referido líneas arriba advierte
de la creación del Sistema electrónico de Alertamiento de Violencia contra las
mujeres, basado en el instrumento creado por la Unidad de Genero del Instituto
Politécnico Nacional en 2009 denominado Violentómetro.
[1]
Ver el documento completo del convenio en el enlace
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5538624&fecha=21/09/2018
