lunes, 28 de septiembre de 2020

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, por Gloria Serrato

 EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Colaboración para Global Media

https://www.globalmedia.mx/articles/EL-DERECHO-DE-ACCESO-A-LA-INFORMACIÓN

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Los tiempos que nos ha tocado transitar han sido de muchos cambios, tenemos ya 18 años con la posibilidad de acceder a la información pública, se fortaleció el derecho saber, identificar para qué nos es útil la información, conocer las acciones, políticas públicas y actividades que desarrolla el gobierno para garantizarnos el bienestar a todas las personas.

El día 28 de septiembre se conmemoró el día internacional por el Acceso Universal a la Información, que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible  de la ONU; uno de los objetivos es el acceso a la información en tiempos de crisis y las ventajas de contar con garantías en nuestra constitución, leyes, normatividad sobre el acceso al información que posee el gobierno.

Es un trabajo muy amplio, de muchos años, necesario recordar que debe haber acciones gubernamentales para que todas las personas de todas las regiones tengamos acceso a los datos que nos permitan tomar las mejores decisiones.

Una acción clave para el fortalecimiento de este derecho humano es el desarrollo de las tecnologías de la información, el acceso al internet libre y evitar que haya brechas de conocimiento que genere desigualdades.

Y qué mejor momento para reflexionar sobre este tema justo en el marco que estamos viviendo de una pandemia que nos ha obligado a quedarnos en casa, a hacer uso de la tecnología, no nos quedó de otra, significa también una etapa de muchos aprendizajes sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Nos enfrentamos a nuevos retos como distinguir la información disponible en internet, reeducarnos en el uso que hacemos de las redes sociales, en la información e imágenes que hacemos públicas. Pero también tenemos un reto que sobresale es seguir exigiendo al gobierno que suba información con un enfoque de género, que se nos informe con claridad sobre las preocupaciones de la sociedad, subir a la web información de calidad, que al tener acceso a ella, que nos permita tomar mejores decisiones.

A 18 años de que se publicó la primera Ley Federal de Transparencia, tenemos que evaluar si la también el acceso a la información ha ido evolucionando, sobre todo en temas relacionados con el género, la igualdad y el desarrollo de todas las personas.

Sigue habiendo estigmas para informar sin sesgos, y nos damos cuenta de que el acceso a la información también debe estar atravesado el enfoque de género, que o sólo es separar la información por sexo biológico, sino identificar la información sensible que le permita a las mujeres tomar mejores decisiones para ellas y sus familias.

La información es uno de los bienes intangibles que a veces se nos olvida, pero si el estado cumple y va más allá, podemos tener información clara y completa sobre cada acción, cada obra, sobe actividades relevantes que haga una aportación a nuestras vidas diarias y no a la promoción política de funcionarios públicos que están próximos a abandonar algunos puestos de gobierno para lanzarse como candidatos a puestos de elección popular.

Queremos información de las personas candidatas a puestos de elección popular,  en donde los medios nos informen abiertamente sin sesgos de género, sobre las propuestas políticas, sin estigmatizar a las mujeres, sin atacarlas por su condición de mujeres. Nada fácil la tiene el Estado en este último año de gobierno, pero que se informe de manera acertada sobre acciones y obras.

Es importante reconsiderar algunos aspectos que ha tomado la organización de Naciones Unidas para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la información 

Involucra a los gobiernos para que cumplan con su obligación de tener información accesible, dar información desagregada de acuerdo a los intereses de nuestra población, informar con perspectiva de género, pero además también que llegue a todos los rincones de la población que ninguna persona se quede sin poder conocer las actividades que desarrolla un Estado, y dejemos de publicidades falsas que sólo sirven en tiempos electorales.

Recordemos y distingamos para poder exigir, el acceso a la información pública nos es de utilidad porque es la información que debe publicar el gobierno y por supuesto que esta relacionado con la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, otros derechos humanos fundamentales que van implícitos, que van muy de la mano y que nos apoyen en la forma en cómo podríamos nosotras las personas tomar decisiones.

Los medios de comunicación tienen en estos momentos un reto de transición sobre su reestructura para informar y transmitir información gubernamental sin que se vulneren los derechos de las personas a la libre manifestación de las ideas.

Los medios de comunicación en San Luis Potosí tienen un reto que deben solventar antes del comienzo del nuevo proceso electoral, y tiene que ver con la urgente necesidad de desarrollar acuerdos, pactos, o convenios entre los medios de comunicación, la sociedad civil y el estado, para difundir información más asequible, libre de estereotipos de género que puedan seguir marcando diferencias entre hombres y mujeres, y que puedan reforzar los patrones de violencia contra las mujeres.

Los medios de comunicación deben retomar su espíritu de informar a la población, hemos visto como se hacen invisibles en los temas que están relacionadas con las mujeres, a los medios les urge que tengan un código de ética, en el que la información se ofrezca a la población independientemente si le es positiva no al Gobierno, que se informe libre de estereotipos de género estigmatizando a las mujeres, haciendo clichés de las luchas que realizamos.

lunes, 21 de septiembre de 2020

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA, por Gloria Serrato

 LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

Colaboración para Global Media

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

La convivencia con las personas jóvenes de las familias no siempre es la óptima, esta pandemia ha puesto en el centro de la discusión la comunicación que tienen las madres, los padres con sus hijas e hijos, sean adolescentes, niñas o niños.

En muchas familias la comunicación se restringe debido a varios factores, uno de ellos la falta de tiempo debido a las actividades que desarrollan tanto la madre como el padre fuera del hogar en sus trabajos, las jornadas laborales impiden que se dedique el tiempo suficiente para entrar en un diálogo con la familia.

Debemos agregar a estas circunstancias, los tiempos que pasan niños, niñas y adolescentes en sus hogares debido al confinamiento que generó la pandemia de COVID-19, y en la mayoría de las ocasiones sin supervisión de personas adultas. Las personas jóvenes han vivido meses de jornadas en casa, que buscan alternativas de distracción y entretenimiento, implica para que las personas adultas que guiamos un hogar y una familia busquemos oportunidades para tener una comunicación efectiva.

Las personas jóvenes en estos momentos se encuentran en mayor vulnerabilidad por sus horas de permanencia en internet, en redes sociales, en las que muchas personas están al acecho, no sólo depredadores cibernéticos, sino amistades o contactos que también buscan válvulas de escape, y que no son siempre sanas o ingenuas. Estas formas de convivencia que ya estaban presenten en su cotidianeidad, se han reafirmado, sin que las personas adultas sepan con quienes se comunican, sobre qué temas, si todas las amistades son de las mismas edades, si hay proximidad por sus referencias escolares, o familiares, o de zona geográfica.

Hemos visto que aunque hay una amplia comunicación hacia el exterior con sus contactos-amistades, hay una nula comunicación hacia el interior con los demás integrantes de las familias. Niñas, niños y adolescentes están pasando la mayor parte de sus tiempos conectados a algún dispositivo con el propósito de llevar a cabo sus actividades académicas, y también con esa nueva necesidad de convivencia con amistades virtuales.

Estos meses en que nos hemos limitado en nuestra movilidad diaria, que antes servía también como formas de convivencia con amistades del entorno escolar, o bien que realizaban actividades de recreación, las personas jóvenes de miles de casas están saturados de actividades virtuales, y lo que buscan es cualquier pretexto para poder salir de su vivienda.

Es indispensable que reflexionemos sobre los tipos de comunicación que estamos desarrollando con nuestras familias, que revisemos exactamente cómo nos estamos relacionando con ellos y ellas, identificar si realmente nos comunicamos o solamente les pedimos información, o sólo les pedimos un reporte sobre las acciones que realizan en sus dispositivos sea la computadora, el celular, o la tablet.

Si no identificamos las formas de interacción, el tipo de comunicación que estamos desarrollando en nuestros hogares, podrían sobrevenir dificultades mayores, que incluso muchos hogares ya están padeciendo, que tienen que ver con excusas que están diciendo las personas adolescentes para poder salir de su espacio hogareño a convivir con amistades que muchas de las veces sólo conocen por las redes sociales en internet, esto implica que se coloquen en una condición de desventaja, que podría tener repercusiones incluso de ser víctimas de delitos.

Uno de nuestros errores como sociedad,  es que damos por hecho que con la pandemia que estamos viviendo y el tiempo que se está pasando en el hogar, tenemos una buena comunicación e interacción, pero no es así, preguntémonos si los hijos e hijas nos tienen confianza o nos tienen miedo.

Los principales actos de violencia física, psicológica, verbal, económica las encontramos  dentro de los espacios del hogar, por lo tanto en muchas de las ocasiones las hijas y los hijos no tienen la certidumbre de que el diálogo con el padre o la madre va a poder apoyar a resolver alguna situación que esté atravesando.

La pandemia nos ha devuelto la mirada al hogar, tanto a padres y madres que se cuestionan como mejorar la comunicación que ya se tiene, como aquellas familias que se dieron que cuenta que los vínculos afectivos están desgastados entre los miembros que integran sus entornos, haciendo muy compleja la comunicación durante estos últimos meses, con un aumento de la violencia familiar.

Más que decir que se debe hacer, propongo que reflexionemos sobre la comunicación que tenemos con hijas e hijos, a partir de ello busquemos una comunicación asertiva que se define como la buena práctica de la comunicación en donde podamos transmitir mensajes positivos, tratando de identificar también los procesos de inferencia y el impacto que va a tener cada una de las palabras que podamos decirle a nuestros hijos e hijas en una situación de conflicto.

¿Cómo podemos estar pendientes de la comunicación con nuestras familias?

a)    Revisemos nuestros roles dentro de la familia, pensemos si lo que hacemos es comunicarnos o informarnos de las actividades, de sus emociones, de sus percepciones.

b)    Busquemos un acercamiento que vaya más allá de cuestionarles si cumplieron con todas y cada una de las actividades solicitadas por en sus clases virtuales, de apercibirles por cuestiones de carácter académicas.

c)    Tratemos de dedicar por lo menos una hora a la semana para la interacción con nuestra familia, pero particularmente con adolescentes de entre los 12 y los 17 años.

d)    Tratemos de hablar con mensajes positivos que generen confianza.

Estamos conscientes que no siempre se tiene el tiempo para convivir de una manera serena y relajada con la familia, que el obstáculo es el tiempo que se diluye en buscar la satisfacción de las necesidades básicas del hogar.

lunes, 14 de septiembre de 2020

LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS parte II, por Gloria Serrato

 

  • LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS parte II

Colaboración para Global Media

https://www.globalmedia.mx/articles/La-atención-a-las-víctimas

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En nuestro país es relativamente reciente la atención y el apoyo para las personas que han sido víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos. El cambio ha sido legal, como casi todo en nuestro país, es necesario primero un marco normativo sobre cómo resolver una situación y ya luego hay que exigir la voluntad política para su cumplimiento.

La condición de víctima es una situación muy delicada y compleja, sufrir un delito es un hecho que erosiona nuestra tranquilidad, nuestra percepción de seguridad, a pesar de esa sensación es importante acudir ante las autoridades para denunciar el hecho, con todas las implicaciones que esto tiene, y alcanzar la justicia  para lograr que se repare el daño.

En materia de justicia penal la víctima no tenía participación en el proceso que se llevaba a cabo para enjuiciar a quien había cometido un delito, no se le preguntaba cómo se sentía, ni tenía acompañamiento para enfrentar un proceso largo para alcanzar la justicia.

Los colectivos de víctimas impulsaron la implementación de los acuerdos y tratados internacionales, porque surgieron siendo víctimas directas o indirectas de un delito. Empezaron exigir la obligación del Estado en relación con la atención, trato digno, trato sensible, que quedaron plasmados como derechos de las víctimas en la Ley de Atención a Víctimas, para alcanzar el acceso a la justicia en el menor tiempo y conocer la verdad de los hechos.

En este panorama se comenzó a visibilizar desde diferentes enfoques, las dificultades de una persona víctima, las travesías que tenían emprender para que el Estado cumpliera con sus obligaciones.

Toda esta presión social generó en una reforma primero constitucional, y posteriormente en la creación de una ley General de víctimas, además en cada una de las entidades una ley estatal de atención a víctimas; pero también era necesario quien tenía que operar y poner en práctica lo que la ley señalaba, por lo tanto se crearon las comisiones para la atención a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En nuestro país tuvieron que transcurrir 23 años para que se hiciera tangible la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, aprobada por la ONU en 1985,  la vemos materializada en la reforma a la Constitución en 2008, que implicó la creación de un área especializada del Gobierno para atender a las víctimas.

La intención era que las víctimas alcanzaron la reparación integral del daño, que tuvieran un atención especializada en base a su condición de vulnerabilidad que presentaba, que tuviera un acompañamiento que no le abandonara durante todo el proceso penal hasta alcanzar la justicia, y que pudiera tener la reparación del daño que había vivido.

Hubo intervenciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la creación en el año 2000, de Provictima que es el Programa de Atención a Víctimas del Delito, once años más tarde el gobierno constituyó Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, que se trasformó en enero de 2014, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Así surgieron las comisiones de víctimas, para cumplir con la ley era necesario contar con personal especializado y sensible de varias ramas, por lo que se integraron equipos de trabajo especializados en trabajo social, en psicología, en abogacía, que habían ya trabajado con víctimas, que además de que contarán con sensibilidad para atender a personas que habían atravesado una situación delicada, tuvieran los conocimientos profesionales.

En 2016 se consolida en San Luis Potosí la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con atribuciones pero sin presupuesto, con un esquema de toma de decisiones plenarias, poco después se convirtieron en figuras unipersonales.

El comienzo fue áspero, al gobierno actual le fue heredada una Comisión de Víctimas que había sido electa pero sin recursos para su operación, con muchas responsabilidades frente al nuevo sistema de justicia penal, porque tenían que hacer la representación con el Asesor Jurídico de las víctimas, lo cual implicaba el despliegue de especialistas en derecho por todo el territorio estatal, y sin presupuesto.

La Comisión de Víctimas en San Luis Potosí nació con buenas intenciones y muchas ganas de generar una sinergia entre el Poder Judicial,  la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, para que el Sistema de Justicia Penal incluyera la figura del Asesor Jurídico como una parte trascendental y se visibilizarán las necesidades de la víctima.

Parece todo tan sencillo pero no es así, visibilizar las necesidades de las víctimas, lograr que los operadores del sistema vean una CEEAV fuerte, es una tarea que tomará varias administraciones, se requiere de la disposición del ejecutivo y de cambios en la Ley Estatal de Atención a Víctimas. De lo contrario este organismo puede desvincularse de su objeto inicial y convertirse en un trampolín político.

Apenas este domingo se eligió al comisionado que deberá dirigir por los próximos cinco años este organismo, con muchos retos a cumplir, entre ellos robustecer en el Sistema de Justicia Penal, la figura del Asesor Jurídico, aumentar el presupuesto, fortalecer las delegaciones o sedes de la CEEAV en el interior del estado.

La Comisión de víctimas tiene que tomar un rol activo, trabajar de manera más eficaz en alcanzar una pronta reparación del daño de las víctimas.

En mi trayectoria profesional viví una circunstancia histórica en San Luis Potosí al abrir la primer Comisión de víctimas, que nació para cumplir la reforma constitucional, iniciamos con la figura de un pleno que dirigíamos las acciones de ese órgano, en aquel momento hubo cambios necesarios para integrar al personal con el perfil indispensable para atender a las personas que habían vivido hechos delictivos, hubo seis meses en los que trabajamos de manera honorífica.

Fuimos tres comisionados, luego un pleno conformado por tres mujeres, que iniciamos y dejamos las bases de la organización que exigía la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, como son la creación de un fondo de reparación del daño, de un registro estatal de víctimas, de las unidades administrativas para el apoyo de las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos.

Fue una situación nada sencilla, no había presupuesto, tuvimos que trabajar durante más de un año en las instalaciones de lo que es ahora el Centro de Justicia para las Mujeres, estaba fusionada de manera extraña la Comisión de Víctimas con el CJM, porque se si había un antecedente de un Centro de Atención a Víctimas con atención psicológica, de trabajo social y de orientación jurídica.

 

miércoles, 9 de septiembre de 2020

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, por Gloria Serrato

 LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Colaboración para Global Media


09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Las personas que han vivido y padecido un delito o una violación a derechos humanos, hasta hace pocos años habían estado en el desamparo total, el sistema penal y todo el proceso que se llevaba desde la denuncia del delito hasta el castigo de la persona que lo cometió, estaba orientado al castigo de esa persona y se le había considerado una persona que transgredió la norma jurídica y el orden público.

La aplicación de la justicia tenía que ver con el daño provocado a la sociedad en general, aunque el delito se le había cometido a una persona específicamente. El sistema penal mexicano siguió otras tradiciones del derecho europeo y anglosajón y siempre dejó en el olvido a la persona afectada.

Los ordenamientos de carácter internacional le han exigido a nuestro país que asuma la responsabilidad de la atención adecuada, el apoyo y la reparación integral del daño a las víctimas, para ello se hicieron nuevas leyes y se adicionó a la Constitución al artículo 20 apartado el apartado C de los derechos de las víctimas.

Así pues, desde la práctica jurídica, desde lo que se llama derecho objetivo es decir las normas, leyes, es como se visibilizan los derechos que tienen las personas que han sido víctimas de algún delito o de violaciones a derechos humanos.

Pero más que la doctrina, que la parte dogmática del derecho lo que debe preocuparnos es la parte pragmática, es decir cuáles son las acciones reales y contundentes que se están desarrollando para la protección de las personas que han sufrido un delito.

Quienes impulsaron esta gran reforma en nuestro país, han sido los colectivos de las personas víctimas, colectivos de personas desaparecidas, organismos de la sociedad civil que han acompañado en procesos judiciales, tenemos como ejemplo del caso de Campo Algodonero en el que diversos organismos civiles llevaron hasta la Corte Interamericana de los derechos Humanos los que se denominó “Las Muertas de Juárez”, en la sentencia se establecen los criterios para la reparación integral que se le debe hacer a las víctimas.

Esta reparación tiene que ver no solamente con la parte física o económica del daño que se les provocó con la comisión de un delito, sino con acciones que les garanticen la ayuda necesaria para poder reencauzar su proyecto de vida.

En mi trayectoria profesional viví una circunstancia histórica en San Luis Potosí al abrir la primer Comisión de víctimas, que nació para cumplir la reforma constitucional, iniciamos con la figura de un pleno que dirigíamos las acciones de ese órgano, en aquel momento hubo cambios necesarios para integrar al personal con el perfil indispensable para atender a las personas que habían vivido hechos delictivos, hubo seis meses en los que trabajamos de manera honorífica.

Fuimos tres comisionados, luego un pleno conformado por tres mujeres, que iniciamos y dejamos las bases de la organización que exigía la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, como son la creación de un fondo de reparación del daño, de un registro estatal de víctimas, de las unidades administrativas para el apoyo de las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos.

Fue una situación nada sencilla, no había presupuesto, tuvimos que trabajar durante más de un año en las instalaciones de lo que es ahora el Centro de Justicia para las Mujeres, estaba fusionada de manera extraña la Comisión de Víctimas con el CJM, porque se si había un antecedente de un Centro de Atención a Víctimas con atención psicológica, de trabajo social y de orientación jurídica.

Ahora está en discusión quién deba quedarse al frente de un organismo para atender las necesidades de las víctimas, quien lo haga debe tener el conocimiento en la materia tanto del derecho como un aspecto fundamental que es la sensibilidad para atender a una persona que está en una situación de vulnerabilidad.

Éste organismo deberá seguir la mística de atender de manera digna a las personas, sin ningún tipo de estridencia política, de situación que ponga en riesgo y que deje en vulnerabilidad la protección de las personas que desafortunadamente han sido víctimas, y que siguen en aumento por la alta incidencia delictiva que presenta nuestra entidad.

Es necesario una reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, que contemple con claridad las cualidad y requisitos de la persona que debe dirigir la CEEAV, la persona que estará al frente deberá llegar mediante una figura diferente de la terna que el Ejecutivo envía al Legislativo para su ratificación, porque permite la discrecionalidad para la selección, no debe la Comisión convertirse en sólo un empleo.

Se propone la reforma a la Ley para que la selección sea pública, abierta, que sea el poder legislativo el que reciba las propuestas que haga la sociedad civil organizada, los colectivos, las personas en lo individual, para con ese escrutinio público se tome al mejor perfil.

Esta figura de la terna, hemos visto con otras dependencias de la administración pública, que, aunque haya voluntad política para llevar a cabo una selección adecuada, siempre queda un margen de discrecionalidad del ejecutivo que genera dudas sobre la transparencia con que se lleva a cabo un proceso de esa naturaleza.

Las víctimas merecen una comisión que sea ejemplo de transparencia, de rectitud, de honestidad y de un genuino deseo de ayudar a quienes han vivido un delito.

martes, 1 de septiembre de 2020

JULIO Y AGOSTO: MÁS CASOS DE FEMINICIDIOS, por Gloria Serrato

 JULIO Y AGOSTO: MÁS CASOS DE FEMINICIDIOS

Colaboración para Global Media:https://www.globalmedia.mx/articles/JULIO-Y-AGOSTO-MAS-CASOS-DE-FEMEINICIOS

 

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

El número de muertes violentas de mujeres y feminicidios en los meses de enero a agosto, colocaron a San Luis Potosí como una de las entidades con mayor incidencia con 20 casos, de acuerdo con las cifras oficiales , recordemos que no solamente son cifras, son familias que se han quedado sin una de sus integrantes.

Desde hace varios años realizó un seguimiento de las noticias publicadas en los medios locales en San Luis Potosí, sobre las violencias contra las mujeres y particularmente las mujeres que son asesinadas de manera violenta, dolosa y que en la mayor parte de los casos fueron producidos por sus parejas sentimentales, esposos, o padres.

Cada vez que un medio de comunicación publica información de este tipo genera un desconsuelo en una parte de la población que hemos estado impulsando desde nuestros propios espacios, primero porque se tipificara como delito el feminicidio, porque se investigue, se clarifique, se conozca la verdad de los hechos y se sancione a quien asesinó a una mujer.

Las noticias también han ido evolucionando, en un principio hace varios años en 2012 cuando empecé el seguimiento, los medios seguían recurriendo a los estereotipos para informar, si bien aún hay sesgos al respecto, la información ahora intenta ser más puntual, sin adjetivos, pero en muchos medios se siguen difundiendo imágenes que atentan contra la dignidad de las mujeres víctimas.

Éstos meses, sobre todo de marzo a agosto e incrementaron las llamadas al número de emergencia 911, en total 1,664; además se generaron 3,851 de denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado por el delito de violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En lo relacionado con los feminicidios, en el mes de enero fueron asesinadas tres mujeres en los municipios de Aquismón Ciudad Valles y Villa de Arriaga. En el mes de febrero sin ningún caso registrado, pero en los meses de marzo, abril y mayo se registraron siete feminicidios, cuatro de ellos en San Luis Potosí, y los otros tres en Matehuala, Tamasopo y Ciudad Valles.

Los meses de mayor crueldad para las mujeres fueron junio, julio y agosto que registraron 17 feminicidios. En el mes de junio fueron asesinadas seis mujeres, tres en el municipio de San Luis Potosí, una en Soledad de Graciano Sánchez, una víctima en El Naranjo, otra en Tamazunchale.

En el mes de julio otras seis mujeres fueron asesinadas. Todas en el municipio de San Luis Potosí. Agosto que recién concluye fueron asesinadas cinco mujeres, una del municipio de san Luis Potosí, y el resto de víctimas de Axtla de Terrazas, Ébano, Matehuala y Villa de Arriaga., una mujer en promedio cada semana fue asesinada en nuestro estado.

El municipio de San Luis Potosí, ocupa el lugar número cinco de los primeros 100 municipios del país con presuntos delitos de feminicidio con 9 mujeres asesinadas. Con una tasa por encima de la media nacional de 2.0 delitos por cada 100 mil mujeres (449, 558) que habitan en el municipio.

Todas y cada una de las mujeres asesinadas es una pérdida muy grave para sus familias, las víctimas que causaron mayor impacto en la población fueron los ocurridos en dos jovencitas de 19 y 18 años, que ambas estaban embarazadas, la primera de ellas originaria de la comunidad el Platanito del municipio de El Naranjo y la otra habitante de la Colonia Terremoto en San Luis potosí, se suman las víctimas la bebé de 11 meses Mia Guadalupe, y Luisa Guadalupe de seis años de edad, que son los casos de mujeres más jóvenes que fueron asesinadas durante estos meses.

Dentro de los hechos ocurridos en éstos últimos tres meses las noticias vinculan a muchas de las víctimas con el crimen organizado, lo que no significa que no se haya cometido violencia por su condición de género, lo riesgoso de esta aseveración es que se disminuye la percepción del daño que se ocasiona a la familia con el asesinato de una mujer.

Cuando hablamos de feminicidio es muy importante destacar que es fundamental la clasificación del delito como tal, porque de lo contrario no se hace visible la violencia que se ejerce contra las víctimas, que vivieron hechos en una escalada de menos a más, hasta que las asesinaron, violencias que van desde el maltrato psicológico, económico, patrimonial, físico hasta infringirles la muerte.

El municipio de San Luis Potosí no le garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, desafortunadamente las acciones que informan las autoridades carecen de impacto real.