EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA VISTO
DESDE LAS PERSONAS
Colaboración
para el programa A Detalle en Global Media
15
MAYO DEL 2017
Hemos visto en nuestro país cambios en
la administración de justicia, se reformó desde hace algunos años la
Constitución para que pudiéramos tener un sistema de justicia más ágil, para
que las personas pudieran tener un acceso a la justicia en pleno respeto a sus
derechos humanos, y se reconoce que las personas que habían sido víctimas
estaban prácticamente en el desamparo.
Con la reforma de la Constitución en el
artículo 20 apartado C [1]
se cita por primera vez en la constitución los derechos de las víctimas. Había
ocurrido que siguiendo la herencia cultural lo más importante era y sigue
siendo castigar al que cometió el delito, sin identificar con plenitud qué
acciones debían realizarse a favor de la persona que vivió el delito.
Para tratar de resarcir el abandono a
las víctimas es que se constituyeron hace una década algunos centros de
atención a víctimas en varios estados del país entre ellos el Estado de México,
Nuevo León y San Luis Potosí, con la función de dar apoyo de asistencia y
aliviar las necesidades básicas de las personas en esta situación. Las
asignaturas que se proyectaron fueron el apoyo de abogados como coadyuvantes en
el proceso penal, sin más atribuciones que la daba el Artículo 20 de la
Constitución fracción X, con el objetivo de que la víctima recibiera asesoría
que fuera encaminada a la reparación del daño, toda vez que los argumentos
legales eran pocos para que fuera un sostén de la víctima y por otro lado la
asistencia médica de emergencia, que luego derivó en el apoyo psicológico.
Por aquellos años, es decir hace 17 años
los legisladores que empezaron a aterrizar los acuerdos internacionales de que
México era parte, entre ellos, dar cabida en nuestra legislación a la
“Declaración de los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del
delito y Abuso de Poder”, emitida por la ONU el 29 de noviembre de 1985; y se
consideró como parte clave para atender a la víctima de un delito darle ayuda,
ya que las necesidades (así se consideraba en ese tiempo) “(…) eran de carácter
psicológico médico, jurídico, social, económico, educativo e informativo”[2].
A nivel nacional en 1993 se empezó a
modificar la Constitución y ya se contemplaba a la víctima como sujeto de
derecho y con la posibilidad de participar en el procedimiento penal, para que
le fueran restituidos sus derechos. Y es hasta 2008 cuando la gran Reforma de
la Constitución le devuelve sus derechos a la víctima y se habla de la
obligación del Estado en darle un Asesor Jurídico[3]
, de darle la asistencia, ayuda de emergencia, acceso a la justicia, un trato
digno, ayuda con enfoque especializado, derecho a la verdad, a la reparación
integral, entre otros más.
Esto se materializa en una Ley General
de Víctimas y leyes para los estados, así como la integración de dependencias
especializadas para atender a las personas en situación de víctimas.
Todo esto se ha intentado perfeccionar,
y vamos ya por leyes de víctimas de Tercera Generación. Los cambios que se han
dado en los últimos 17 años nos dan constancia de los aspectos que se cuidaban
en la persona que había vivido un hecho delictivo, y que en un primer momento
tenía que ver con la atención médico psicológica, en un segundo tiempo en
atender sus necesidades de justicia y ahora en una tercera etapa se ha centrado
en la Reparación del daño.
El camino de estas casi dos décadas ha
sido muy accidentado, se aprendió a partir de experiencias con las propias víctimas
cómo debe ser la atención que deben recibir, se ha intentado construir un
modelo único de atención centrado en la sensibilidad para tratar a la persona,
en un modelo que debe estar sustentado en criterios de armonización en todas
las dependencias que trabajan el nuevo sistema de justicia penal, que vayan al
parejo en la atención y que comienza
cuando una persona pone la denuncia de un delito que se le cometió, hasta que
concluye en la sentencia del juez, y que con los nuevos tiempos que se marcan
pareciera que la brecha temporal se reducirá en más de un 90 por ciento, y con
ello se podrá tener la certeza que la víctima no vivirá nuevos hechos que le
lesionen y la puedan colocar en nuevos riesgos y/o delitos.
San Luis ha llevado la delantera en
atención a las víctimas con una ley en 2010 que ya daba pie a cómo atender a
las víctimas de delitos, luego se hace la reforma en 2014, ésta última tratando
de empatar las necesidades y requerimientos del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, se coloca al órgano de atención
a víctimas como parte clave para que una persona acceda a la justicia y a la
reparación del daño. Esta experiencia del pasado tuvo algunas buenas prácticas
y otras no tanto, era un modelo a la potosina, en la que se pensaba que las
víctimas estaban atendidas con despensas y cobijas.
Los cambios en los planteamos legales
han tratado de ser contundentes, se ha modificado la ley en materia de atención
a víctimas, y la orientación del trabajo se debe centrar en tener presencia en
el procedimiento penal como asesor jurídico de la víctima y no como abogado
coadyuvante del ministerio público, para lo cual en ésta etapa es en la que se
encuentra San Luis Potosí, se busca la
participación activa en el acceso a la justicia, que se alcance la encomienda
constitucional de que la víctima tenga la debida representación en el proceso
penal.
