EL FEMINICIDIO Y SU COSTO SOCIAL
Colaboración
para Global Media
28 ENERO
2019.
El año
2018 fue un año complejo en el tema del combate a la violencia contra las
mujeres y particularmente en lo que a feminicidio se refiere, los cambios en
los nuevos gobiernos no deberían impactar en la forma de conducir las
estrategias orientadas a sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres. Nos movilizamos como sociedad civil y como gobiernos de los
estados al enterarnos que habría recortes presupuestales a los recursos
destinados para acciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero
no nos movemos para observar que los fondos se apliquen de manera adecuada y
pertinente.
La
violencia extrema contra las mujeres es el feminicidio, el impacto es en
agravio directo de la víctima, pero también a su familia, sus hijos e hijas, su
madre, su padre; y por supuesto que hay un deterioro para la sociedad porque
nos muestra a familias que han vivido la violencia como rutina de diario, se
han acostumbrado a las relaciones de conflicto, de maltrato físico y
psicológico, de carencias económicas, y se hace normal vivir en medio de la
violencia.
El
feminicidio es la designación que se da al hecho de quitarle la vida a una
mujer por cuestiones de discriminación, por violencia de género, y va desde que
exista o haya existido una relación (afecto; docente; o
laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o
superioridad, entre la víctima y el agresor); haya habido violencia sexual; mutilaciones, lesiones infamantes y
degradantes; que haya habido violencia previamente a su muerte; que la haya
amenazado, acosado o agredido sexualmente; que la haya incomunicado; que
exponga su cuerpo, lo arroje a un lugar público, para el caso de San Luis
Potosí queda señalado en el Artículo 135 del Código Penal.
En éste primer mes del año se
registraron tres muertes violentas de mujeres, el 10 de enero una mujer de 58
años de edad oriunda del municipio de Santo Domingo la atacó su pareja con arma
blanca y se dio a la fuga; el 20 de enero en la ciudad de San Luis Potosí una
mujer de 70 años fue agredida por su pareja con arma blanca y murió en el
Hospital Central; y el 27 de enero en Ciudad Valles una mujer fue asesinada con
un disparo en la cabeza y abandonado su cuerpo en un camino de terracería.
En 2018 y de acuerdo con datos que los
propios medios de comunicación han ofrecido, las edades de las víctimas oscilan
entre los 2 años de edad y lo 70, afectando principalmente al grupo de mujeres
en edad productiva y siendo el sostén completo de sus familias.
El
costo que implica el daño emocional, económico, patrimonial a las familias por
no atender de manera adecuada la violencia familiar es mayor que la inversión
social que se pueda realizar al sostener a institutos de las mujeres, centros
de justicia para las mujeres, unidades municipales, unidades de gobierno que
atiendan problemas de violencia de género. El dolor de las familias va en
aumento en la medida que pasa el tiempo y se carece de una conclusión en la
investigación que realizan las autoridades.
La
inversión social en planes de gobierno con perspectiva de género no es aún un
hecho, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, sobre todo aquellos
que tienen Alerta de Género desde el 21 de junio de 2017, deben revisar con
atención el presupuesto que asignan a la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres, y aumentar
los fondos para enfrentar con acciones reales, específicas y que de verdad
vayan al fondo para resolver la problemática que padecen las mujeres.
La
federación se ha hecho “cargo” durante años de atacar la problemática de la
violencia de género con varios objetivos entre ellos para cumplir con los
acuerdos internacionales que se firmaron, pero la manera de radicar los
recursos a las entidades siempre fue por un sistema de concurso mediante
proyectos que realizaban los institutos de las mujeres de cada entidad, había
una medida discrecional para la obtención de esos fondos; y dejó sin obligación
a las entidades de contar con una partida presupuestal exclusivamente para
atender los temas de discriminación contra las mujeres en su modalidad de violencia.
Los
estados no han hecho lo que les corresponde, y el presupuesto con perspectiva
de género no se concreta, no hay acciones que tengan que ver con darles
respuesta a las familias de las víctimas; y hemos visto que es muy importante
atender la prevención para evitar que haya más actos de barbarie contra las
mujeres, pero también es indispensable que no se despilfarre el recurso que
implica una acción a favor de las mujeres.
Invertir
en acciones de prevención no sólo debe ser tarea de la federación, sino de los
estados y los municipios, no debe un actuar discrecional en la aplicación de
los recursos económicos, y debe haber un seguimiento puntual a las mujeres que se han atrevido a poner una
denuncia contra hombres que han tenido comportamientos violentos.
