lunes, 25 de marzo de 2019

AVG, LA SIMULACIÓN EN SLP


AVG, LA SIMULACIÓN EN SLP
Colaboración para Global Media
25 MARZO 2019.

Cada que una mujer es asesinada nos debe indignar y movilizar para exigir al Estado que cumpla fehacientemente con su obligación de garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia. A San Luis Potosí la Secretaría de Gobernación le decretó la Alerta de Violencia de Género el 21 de junio de 2017, el documento es concreto y dice cada acción a realizar, se señalan tres rutas que debe seguir para erradicar la violencia feminicida, y es necesario recordarlas y tenerlas presentes:

  1. Medidas de Seguridad: en este apartado se pide la difusión de la Alerta, además la recuperación de espacios públicos, el diseño y ejecución de medidas concretas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia. Patrullajes preventivos, alumbrado público, vigilancia, vigilancia en transporte público, a pesar de estar ya decretada la AVG ocurrió el feminicidio en tentativa en una unidad de trasporte de personal en contra de mujer trabajadora de la zona industrial, por lo que se aprecia la falta de la adecuada coordinación que debe haber entre las diferentes instituciones involucradas.

Pide crear una aplicación para acceso inmediato para mujeres que estén en riesgo; crear Módulos de Atención, revisar las órdenes de protección en casos de violencia familiar, ¿qué faltó en este apartado? Ya se mregistró una muerte en Rioverde en contra de una mujer que tenía orden de protección y también un feminicidio en tentativa en la Huasteca; y asimismo implementar células de reacción inmediata.

  1. Medidas de prevención: Elaboración de un Diagnóstico estatal sobre tipos y modalidades de Violencia, es urgente que se revise el convenio de colaboración que firmó el Gobierno del Estado y la Conavim, toda vez que para obtener recursos federales para llevar a cabo este Diagnóstico se agregaron otras acciones bajo este rubro, dejando a la organización Enfoque de Igualdad la actividad señalada en el segundo párrafo del numeral dos un Semáforo de Violencia Feminicida que además lo enlazan con tratar de identificar la necesidad de la mujer víctima en cuanto a las medidas de protección, y en una clara omisión la persona que dirige la organización citada y quien hizo el proyecto está acusado de abuso sexual calificado.

En este mismo rubro de Medidas de Prevención se le pide al Gobierno del Estado realizar un banco de datos, realizar actividades de capacitación en derechos humanos, impulsar la cultura de la no violencia contra las mujeres en los planteles educativos, generar campañas continuas reeducativas para prevenir la violencia de género, crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres y generar una estrategia de empoderamiento económico de las mujeres, estas dos últimas acciones las anunció el Centro de Justicia para Mujeres que empezaría a trabajarlas.

III.          Medidas de Justicia y reparación: garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, crear una Unidad de Contexto[1] para la investigación de los feminicidios, en el sitio web http://alertadegeneroslp.org.mx/ sólo se encuentra la ficha en donde se trabnscribe lo que pide el documento de la declaratoria y a qué dependencias del ejecutivo les corresponde la implementación y seguimiento.

Además se solicita la creación de una unidad especializada para cumplir con la tarea de revisar los expedientes y carpetas de investigación de feminicidio relacionados a las muertes violentas de mujeres de los últimos ocho anteriores a decretarse la AVG, crear mecanismos de supervisar y sancionar a servidores públicos que incumplan con la ley; realizar un plan individualizado de reparación integral del daño sobre los feminicidios, determinar la reparación simbólica de todas las mujeres que han sido víctimas

En cada uno de los tres puntos que identifica la declaratoria como medidas emergentes hemos desde este espacio señalado poca coordinación de las diferentes autoridades del ejecutivo tanto estatal como municipal para llevar a cabo un cumplimiento real y no simulado.

En días pasados la Comisión Estatal de Derechos Humanos citó a la prensa para dar a conocer un informe sobre la situación que guarda la AVG[2], y responsabilizó a los Ayuntamientos de no haber dado ningún paso al cumplimiento. En ese acto público estuvieron presentes la directora del IMES y la del CJM, escuchando sin mucha atención que el avance era nulo.

Todo parecía una simulación en la que el órgano de derechos humanos, flanqueado por quienes llevan a cabo las estrategias en pro de las mujeres, decía que no se cumple, pero carecía el informe de una revisión profunda y de un mensaje claro de que se siguen violentando los derechos de las mujeres, no hubo ni siquiera en ese evento un interés genuino por señalar a los funcionarios públicos responsables de la ausencia de un cumplimiento de la AVG y de que las mujeres vivan violencia feminicida.

La desafortunada frase de que la AVG no es una varita mágica para erradicar la violencia contra las mujeres requiere precisar lo siguiente:

1.-      La AVG es un mecanismo con medidas de emergencia señaladas con precisión y no de política pública.
2.-      La política pública, es decir las acciones diseñadas para incidir transversalmente en el cambio de mentalidades de la población en la entidad pudiera derivarse de la AVG, pero precisamente para eso está constituido el IMES, para trazar las actividades que lleven a incidir en cambios de largo plazo para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
3.-      La AVG como mecanismo de emergencia debe contar con una coordinación operativa en la que el Secretario General de Gobierno la haga funcionar, en este momento las responsabilidades están desdibujadas sin que haya una persona concreta como responsable de exigir a cada área de la administración pública el cumplimiento de la AVG.
4.-      Las mujeres no debemos ser más un objeto de uso, menos las que están en la administración pública dirigiendo las acciones orientadas a alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres.
5.-      En qué momento se perdió la sensibilidad de las autoridades en turno para resolver de fondo la parte que les corresponde. Hemos visto que se deja a algunos grupos de la sociedad civil organizada o a instituciones de educación superior la realización de ciertas acciones, por supuesto con recursos públicos federales y eso sirve para avalar la simulación.
6.-      En qué momento el Gobierno del estado volteará a mirar con ojos críticos que no está cumpliendo con su función de garantizarnos a las mujeres la tranquilidad de vivir en un espacio confiable.

Hay en total 18 alertas decretadas a igual número de entidades, tres en proceso, y nueve no declaradas.



lunes, 18 de marzo de 2019

ABORTO DESPENALIZACIÓN PARA EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN


ABORTO DESPENALIZACIÓN PARA EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN
Colaboración para Global Media
18 MARZO 2019.

El debate sigue siendo moral y religioso, invisivilizamos los derechos humanos cuando hablamos de la despenalización del aborto, cuando pedimos que se modifiquen los Códigos Penales para que una mujer no vaya a prisión, cuando defendemos la no criminalización de las mujeres cuando deciden optar por una interrupción del embarazo. Las voces se han sumado a la de Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación en la que advirtió que ninguna mujer debe estar en prisión y mucho menos criminalizarla por haber optado por un aborto.

De acuerdo con el informe especial de GIRE, Grupo de Información y Reproducción Elegida, “Niñas y Mujeres sin justicia, Derechos Reproductivos en México” [1] que es una organización que ha documentado los avances y retrocesos que México ha tenido en el tema de la despenalización del aborto, deja claro cómo abordan en sus diferentes códigos penales el delito de aborto y como eso significa no igualdad y discriminación para las mujeres en las diferentes zonas geográficas del país.

Sólo en la Ciudad de México está despenalizado el aborto, en algunos otros con diferentes hipótesis o causales para evitar que sea delito, sin embargo esa discrepancia entre las entidades es lo que nos hace a las mujeres más vulnerables de ser criminalizadas por acceder a una interrupción del embarazo. Hay entidades en los que la pobreza, las alteraciones genéticas o malformaciones congénitas o se ponga en riesgo la salud de la mujer son causas para no penalizar el aborto.

¿Específicamente de qué hablamos cuando mencionamos que se violentan derechos humanos de las mujeres al criminalizarla por acceder a una interrupción de un embarazo? En primer término hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación, se reconoce por México ante diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos que la desigualdad y la violencia contra las mujeres son actos de discriminación que impiden su desarrollo y el acceso a otros derechos.

Podemos citar el de decidir el número de hijos que tendrá y queda asentado en el Artículo Cuarto de la Constitución “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

En el Código Penal de San Luis Potosí, artículo 150 del Código Penal, se establecen tres causales excluyentes de la penalización de la interrupción de un embarazo:

ARTÍCULO 150. Es excluyente de en el caso de aborto, cuando:
I. Aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
II. El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos, y
III. De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

La primera de las excepciones es cuando se produce un aborto y no hay responsabilidad de la mujer, puede ser un accidente o que no supiera que estaba embarazada;  en la segunda cuando el embarazo sea por el delito de violación, y que además debe sujetarse a lo que señala la NOM de Salud 046 que no es necesaria la sentencia ejecutoria, esto para evitar la victimización con exámenes, declaraciones y dictámenes que atenten contra su dignidad humana; en este mismo apartado se refiere a la posibilidad de una inseminación a la que la mujer haya sido expuesta sin su consentimiento; y la tercera posibilidad se refiere a que la mujer esté en peligro de muerte de continuar con el embarazo pero será indispensable el dictamen del médico que la atiende y pudiendo lograr un segundo dictamen.

Hace algunas legislaturas se eliminó la hipótesis de alteraciones genéticas o malformaciones congénitas, es decir que si el médico que atiende a la paciente diagnóstica este hecho, de todos modos la mujer debe continuar con un embarazo que pone en riesgo su condición emocional.

Esta semana entrará a discutir en el Legislativo de San Luis Potosí la despenalización del aborto, y será necesario que se haga una valoración real de la vulnerabilidad de las mujeres al estar expuestas a actos de criminalización tanto por personal médico, como de la fiscalía y de los juzgadores, porque hemos observado la ausencia de una perspectiva de género, y la mujer es víctima de tratos crueles, de comparaciones peyorativas, de un lenguaje discriminatorio, de actos de intimidación, de vejaciones, etc.

Hemos sólo mencionado el derecho humano a la igualdad y no discriminación, pero también está en el centro el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, México forma parte de acuerdos internacionales como la CEDAW, Belem do Para, en el que se compromete que la violencia no será en nuestro país un aspecto que vulnere el libre desarrollo de las mujeres, en el que se comprometió a la igualdad plena en la ley, por tanto también está el Derecho a la vida, plena, libre de prejuicios, de conciencia, etc.

Tenemos derecho a la salud, y en esta parte hablamos del aborto como un problema de salud público en el que cifras no oficiales hablan de casi mil mujeres que en una década han perdido la vida por una práctica inadecuada de una interrupción del embarazo, y que nos lleva a plantear que a pesar de la dureza de los códigos penales las mujeres que se ven en la situación de abortar no lo van a dejar de hacer, pero al criminalizarles los procedimientos se vuelven inseguros y de alto riesgo por realizarse de manera clandestina y poco informada, este es el punto del acceso a la salud con perspectiva de género.

Tenemos derecho a no recibir tratos crueles y de tortura, pero que se realizan de manera continua como lo hemos citado, al no tener personal médico, de trabajo social, de procuración de justicia sin conocimiento de los derechos humanos y con un completo desconocimiento de la actuación bajo la metodología de la perspectiva de género.

Está en el centro de la discusión un tema en el que el punto del debate es por qué hablamos del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, cuando el producto de la concepción ya no es sólo nuestro. Y  ahí se empantana la objetividad para discutir el aborto, porque se presta atención a un discurso cultural que predomina en el ideario colectivo de como seguimos siendo cosificadas y utilizadas las mujeres para el mantenimiento de la especie humana, y no como un acto generoso de ofrecer vida.

Exhortamos a los y las legisladoras a que como premisa de la discusión y análisis para la despenalización del aborto estén los derechos humanos y no las perspectivas subjetivizadas de los derechos de las personas con un enfoque patriarcal.


[1] Niñas y Mujeres sin justicia, Derechos Reproductivos en México, Informe 2015, enlace recuperado de la página oficial de GIRE el 17 de marzo de 2019 en http://informe2015.gire.org.mx/#/ampliacion-causales-aborto

lunes, 11 de marzo de 2019

…¿Y LAS MUJERES? 8M


…¿Y LAS MUJERES? 8M
Colaboración para Global Media
11 MARZO 2019.

La redacción de mis textos siempre ha sido en tercera persona, intento escribir de manera impersonal, asumir posturas objetivas sobre las situaciones de desventaja que tenemos las mujeres, sobre las violaciones a derechos humanos, sobre las ausencias de políticas públicas en el ejercicio gubernamental, entre otros temas siempre relacionados a la situación de desventaja que vivimos las mujeres.

Este día ocho de Marzo  8M tuve una serie de sentimientos encontrados: por un lado celebro con mucho gusto que se lleven a cabo muchas actividades que visibilicen la problemática de nosotras, eso es invaluable; cada vez somos más las que estamos hablando de las carencias, de las omisiones, de nuestra esencia como personas, del empoderamiento, también de temas que se dirigen a hacer sentir bien a muchas mujeres; y otras más desde las instituciones de gobierno hablaron de los avances, de los logros alcanzados. Pero por otro lado sentir si todas estas acciones realmente llegan a las mujeres que lo necesitan.

Estas actividades que emergieron desde la sociedad civil organizada desde hace muchos años para llevar a las mujeres información necesaria sobre sus derechos, laborales, políticos, sexuales, reproductivos, de acceso a la justicia, de vivienda, de salud, de equidad, de igualdad. Ahora podemos ver como la Secretaria de Gobernación encabezó la marcha de mujeres en la Ciudad de México, y las encargadas de la política pública de mujeres en San Luis Potosí ofrecieron una rueda de prensa, para describir las actividades realizadas a propósito de la conmemoración del 8M.

A nivel global muchas mujeres se congregaron para advertirnos que a pesar de todas estas décadas de movilizaciones, de generar conciencia, de incidir en reformas legislativas, las cosas no han cambiado mucho, hay varios temas en la agenda de Mujeres: La tipificación homogénea del delito de feminicidio, el acceso de las mujeres a la justicia con mayor eficiencia y rapidez; la no criminalización de mujeres por el aborto, el acceso una vida laboral igualitaria, el acceso a la salud de manera oportuna, la igualdad política.

Esta agenda, y otros temas, están flotando como políticas públicas, porque están ahí ya como derechos pero no se garantizan de manera eficiente. En el caso de nuestro país y particularmente de San Luis Potosí entre los temas pendientes están el Feminicidio, el aborto, y la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El feminicidio está tipificado como delito con un protocolo para la investigación que debe ser modificado y adecuado para el nuevo sistema de justicia penal, y además revisar los casos de muertes violentas de mujeres transgénero y transexuales para que se investiguen con dicho protocolo.

Por otro lado el tema del aborto está minimizado entre los legisladores como tema de la agenda de género, con la intención de que no les alcance el tiempo para adecuar el código penal y siga siendo delito grave. A nivel federal vimos como pocos días antes de la conmemoración del 8M Nuevo León aprobó el aborto en cualquiera de los momentos de la concepción, pasando de largo la norma 046 para los casos de embarazo por violación, además de la desafortunada declaración de la senadora Lily Téllez que se enfadó con su colega Dante Delgado por haberle dejado en su curul un pañuelo verde, símbolo de la lucha a favor del aborto de mujeres y hombres en Argentina, y ahí dejó su postura completamente en contra.

Estos dos temas, sin tratar de excluir otros en grado de importancia, nos están arrancando la vida por darle la vuelta a aceptar nuestros derechos humanos.

Saliendo del Teatro de la Paz al que acudí para la entrega de los premios a la Mujer Potosina del año, por la mañana había presenciado otra entrega de premios hecha por el Ayuntamiento, caminé por las calles del centro histórico y me detuve al lado de la Catedral, me senté y escuché la conversación de varias mujeres. Ahí, de sus pláticas que me compartieron con la mirada, le escuché a una de ellas hablar de que los domingos le toca barrer las vías luego de la instalación del Tianguis del Rebote, rola turnos como trabajadora de limpieza municipal, y el domingo quiere llegar temprano a preparar todo para que sus hijos e hija vayan al otro día a la escuela.

Me replanteé ahí mismo si  las estrategias a favor de las mujeres si quieren de verdad acabar con las desigualdades, sí las acciones afirmativas de verdad se han concretado como para que esta trabajadora aluda a su condición de rol de género y le eviten ese turno. Repensé si hay una atención particular a las mujeres adultas mayores en condición de abandono.

La información no es equitativa, no llega a todas por igual, se desconoce que hace el Instituto de las Mujeres, ni siquiera saben que hay un Centro de Justicia para las Mujeres al que pueden acudir si sufren violencia, y a la mejor van pero no entienden que para ella el empoderamiento se hará posible una vez que acceda a la justicia, que su agresor sea castigado y cambié.

Esta semana agradecí el viraje que tuvo el gobierno federal con respecto de la aplicación de recursos federales para los refugios para mujeres en condiciones de vulnerabilidad por violencia extrema, agradecí que estuviera como Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y que hiciera toda una movilización para revisar varios temas que están pendientes  como es la eficacia de las Alertas de Violencia de Género, revisar las políticas públicas federales para identificar si el resultado se concreta en erradicar la violencia contra las mujeres, si efectivamente una mujer como la trabajadora municipal o la señora adulta mayor están fuera del riesgo que implica ser mujer en este país.



lunes, 4 de marzo de 2019

DÍA DE LA MUJER


DIA DE LA MUJER
Colaboración para Global Media
03 MARZO 2019.
¿Que conmemoramos las mujeres el 08 de marzo?
Desde que comenzó este 2019 activistas a favor de los derechos humanos de las mujeres han protestado por las decisiones del nuevo gobierno en cuanto a los apoyos que se otorgan a mujeres, tanto en lo relativo a guarderías y a refugios en caso de que vivan violencia extrema. El gobierno federal anunció que iban a cambiar las estrategias y las reglas de operación de los recursos que se otorgaban en gobierno pasados a las organizaciones de la sociedad civil para que llevaran a cabo acciones en pro de disminuir las brechas de desigualdad entre los géneros.

De inmediato colectivos, activistas y defensores de derechos humanos que han defendido a mujeres exigieron que las cosas no cambiaran, que los apoyos no deben eliminarse.

Las medidas nos parecen abrasivas en el contexto de violencia que vivimos las mujeres en este país, y parece que vamos en retroceso en cuanto a la puesta en marcha de acciones afirmativas, pero es indispensable que reflexionemos desde las aristas que propongo y poner en una balanza las acciones no realizadas de los gobiernos anteriores  que se convierten en omisiones del estado.

1.-      Revisar que ha hecho el Gobierno Federal los últimos 20 años en el cumplimiento de los ordenamientos internacionales firmados por México ante la ONU relativo a la CEDAW.
2.-      Observemos a las asociaciones civiles.
3.-      El uso político del dolor y la discriminación hacia las mujeres.
4.-      Políticas publicas empleadas a discrecionalidad

En el primero de los puntos me parece acertado del gobierno federal hacer una valoración del rendimiento efectivo de cada programa federal diseñado para la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, porque se trataron en su momento de Acciones Temporales.

Es importante revisar que ha pasado en los últimos 23 años con las estrategias para prevenir, atender, apoyar y erradicar la violencia contra las mujeres, identificar las fallas que se tienen desde el propio gobierno y por qué no se ha tenido el avances que esperaríamos con las diferentes áreas que se crearon en el aparato gubernamental enfocado a dar cumplimiento a las acciones afirmativas en pro de la equidad.

México rindió su noveno informe ante la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y ante lo cual este órgano ha emitido cinco informes con observaciones a los resolutivos que México ha entregado[1]. En el documento “México ante la CEDAW” deja claro que el país ha tenido avances pero la “instrumentación integral y efectiva” continua siendo una tarea pendiente. El informe es contundente, “(…) a falta de mecanismos y estrategias efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de mujeres y niñas (…)”

El segundo punto que les propongo repensar es el rol han jugado las asociaciones civiles para el cambio en la prevención y atención de todas las formas de violencia contra las mujeres, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen una amplia trayectoria en la consolidación de las acciones afirmativas, pero otras han utilizado el esquema de financiamiento del gobierno federal para aparentemente acercar acciones a las mujeres y que no han tenido un impacto contundente en el cambio que aspiramos a ver ya. Hemos visto la integración de organismos civiles a partir de situaciones coyunturales relacionados con los procesos electorales, y es justamente lo que mueve al gobierno federal actual a replantearse los procedimiento de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La tercera arista que les propongo observar es la del uso político del dolor y la discriminación hacia las mujeres. Se utilizó el dolor, la inequidad, la desigualdad, la discriminación, la marginación de las mujeres por parte del propio Estado a través de los diferentes gobiernos presidenciales, que optaron por desarrollar programas a partir de “concursos” en el que tenían que participar los institutos de las mujeres para poder acercar recurso federal y llevar a cabo el cumplimiento de las líneas de acción que había que reportar a la CEDAW.  Los diferentes fondos que concursaba la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM (Comisión Nacional Prevenir la violencia contra las mujeres), no llegaron siempre a la beneficiaria real.

Esto llevó con el paso del tiempo a entregar de modo discrecional los recursos federales para aplicarlos cómo mejor les convenía a autoridades federales y estatales, pero más doloroso es ha sido el uso político de las mujeres, señalándolo como “un tema” y no como un plan de acción, doloroso ver con el tiempo como el apoyo se dio a las entidades que significaban una estrategia político partidista.

El último aspecto que propongo observar, es la implementación de las Políticas públicas discrecionales; que si bien fueron generadas a partir de una construcción de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se cumplieron los cometidos tal como se planteó inicialmente,  pero cómo y en qué momento el partido en el gobierno diseñó esas políticas públicas para en lugar de hacer los cambios en beneficio de la población vulnerable lo implementaron en aquellos lugares en lo que era necesario continuar el control político.

Este 8 de marzo conmemoramos el día Internacional de la Mujer, para recordar la lucha que hemos sostenido para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres, para destacar las acciones que nos deben conducir a eliminar todas las formas de discriminación de que hemos sido objeto las mujeres a los largo de la historia, esta es una las tareas más complejas porque estamos hablando del quehacer que corresponde llevar a cabo también a la población en general.

La desigualdad y la discriminación sigue estando presente en diferentes áreas donde buscamos las mujeres alcanzar un desarrollo óptimo en el que nos consideren como personas en igualdad de circunstancia, como es nuestro desarrollo en la vida pública, política, científica, deportiva, cultural, económica, profesional para el ejercicio de una carrera.
Cuando el gobierno federal anuncia cambios en la forma de canalizar los fondos económicos para las estrategias a favor de la prevención, atención, eliminación y erradicación de todas las forma de violencia contra las mujeres, parece que quisiera quitar los fondos o el presupuesto para esos rubros, sin embargo el camino que vemos es buscar un manejo adecuado de esos recursos de tal modo que si se cumpla con las acciones que hemos comprometido como país para que las mujeres tangamos mejores condiciones de vida libre de violencia.

Asusta mucho sobre todo a quienes han tenido privilegios de obtener recursos para fines personales y no para ayudar que las mujeres le demos la vuelta a la discriminación y violencia. Debemos estar si pendientes de que se lleven a cabo auditorias claras del manejo de los recursos federales asignados vías asociaciones civiles para cumplir con una obligación del estado mexicano.


[1] México Ante la CEDAW, recuperado el 03 de marzo de 2019 en http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/mexico%20ante%20la%20cedaw%202018%20web.pdf?la=es&vs=3528