Colaboración
para el programa A Detalle en Global Media
27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015
La
actuación de todas las personas debe regirse siempre por la responsabilidad y
la absoluta congruencia entre lo que dice y lo que hace, para cumplir con los
preceptos morales del Ser bondadoso. Por supuesto esto proviene de la moral y
de la ética, que la única sanción que existe por no cumplir es el
remordimiento. Pero ¿qué pasa cuando la persona cumple una función pública?
La moral
en una de sus definiciones es el “(…) conjunto de creencias y normas de una
persona o grupo social determinado que ofician de guía para el obrar, es decir,
que orientan acerca del bien o del mal, de los correcto o incorrecto de una
acción”.
Los cambios
despiertan mucho interés entre las personas, porque nos interesa saber y de
alguna manera controlar el futuro. Cuando los cambios son generados por una
transición de gobierno, porque se da un cambio democrático, y hay un nuevo
gobernante que encabeza otra gestión, nos lleva
de la mano a pensar que el antecesor hizo las cosas no tan bien, y que
habrá de darle un giro al manejo de la administración pública para que se
retome el rumbo adecuado de las acciones en beneficio de todos y todas.
Cada
final de administración gubernamental se da una crisis que sacude a las
instituciones y se lanza el nuevo gobierno con una renovada fundamentación en
lo moral, en lo ético y en lo socialmente responsable. Cada comienzo de sexenio
gubernamental nace con mucho interés de hacer una renovación moral, como fue el
slogan de gobierno del Ex presidente Miguel de la Madrid.
En San
Luis Potosí, vivimos un cambio de gobierno que deseamos vaya más allá del
discurso sobre lo que debe ser el trabajo gubernamental.
La
creación de una especie de Fiscalía Anticorrupción propuesta por Juan Manuel
Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, es darle una renovación (como
cada cambio de gobierno) a los principios éticos y morales de la política, pero
a la vez es una obligación porque hay un compromiso establecido en políticas
públicas del gobierno federal, para
eliminar la corrupción de las prácticas de la administración pública.
La
corrupción desvía muchos recursos que deben estar encaminados a incrementar el
nivel de vida de las personas; están involucrados principios y valores morales
y éticos. Hay recursos que se pierden de su destino final por ejemplo en el uso
de vehículos oficiales que se emplean
para traslados exclusivos de carácter personal.
Cada vez
que una servidora pública o un servidor público emplea fondos del erario para
actividades personales está quitando apoyo a una persona que espera ser
atendida. Nos enfocamos a grandes desvíos, por supuesto que es gravísimo, pero
es igual de grave que una persona que trabaja en el gobierno estatal,
municipal, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, etc.,
intenten sacar ventaja en beneficio propio. Por ejemplo desde el tiempo que no
destinan a su actividad, los tiempos muertos.
Carreras
López anunció que el funcionario y la funcionaria que no esté dispuesto a
trabajar bajo la tónica del servicio eficaz hacia los demás serán removidos, y
esperemos que sea una voz de alerta para quienes con el presupuesto gubernamental
han sacado provecho personal y político. Muchos han utilizado los fondos económicos
del gobierno para escalar nuevos cargos públicos.
Estoy a
favor como persona, como activista, como comisionada de Víctimas que no haya un
sólo peso que se desvié para temas personales. Que lleguen ya con la preparación
suficiente para atender los cargos que les fueron conferidos, que no vayan
aprendiendo sobre la marcha o haciendo maestrías con becas de tiempo completo
para capacitarse. Como sociedad estamos cansados y cansadas que el apoyo para
las personas más vulnerables no llegue, que llegue lento, que la obra
pública que siempre han solicitado nunca
se realice, porque se gasta más en vehículos oficiales destinados a cuestiones
de carácter personal.
