VIOLENCIA
POLÍTICA
Colaboración
para Global Media
30 octubre
2018.
La violencia contra las mujeres no parece encontrar un límite, esta tan
naturalizada que parece cosa normal que una persona agreda a otra por razones
de género, es decir por hacer alusión a los roles y estereotipos con que
históricamente hemos sido educadas las mujeres y los hombres. La asignación de
roles de trabajo y de temas que nos toca llevar a cabo a las mujeres parecen
estar definidas por nuestra condición de género, ¿nosotras no deberíamos saber
del tema de seguridad pública?, ¿nosotras deberíamos llevar actividades propias
de la debilidad de nuestro sexo?
Las preguntas las planteamos ahora en 2018, cuando fue el tema central
de muchas luchas y actividades feministas a principios de los años
setentas, en esta etapa de nuestras
vidas, quienes nos identificamos con el feminismo pensábamos que esas épocas se
habían superado, por lo menos en cuanto a las personas que están en la función
pública, porque hay mayor información, pero sobre todo porque hay que cumplir
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo
Primero sobre los Derechos Humanos y sus
Garantías.
Veamos por ejemplo, que una persona en la calle me diga que no me meta
en temas de seguridad porque no son propios de mi condición de mujer, porque
ante todo él como hombre me debe cuidar de que no me pase nada, puedo
interpretar que esta persona considera que no tengo la capacidad para hablar de
temas de seguridad porque es cosa de hombres y yo, mujer, delicada, tengo que
esperar a que él como hombre hable del tema y dé soluciones brillantes y
atinadas, porque su “obligación” como hombre es la de cuidar a los débiles y
por consiguiente a las mujeres.
Ese planteamiento hipotético pareciera que es de otra época, de otro
momento histórico. Lo que observamos es que está asentado en la cultura
patriarcal con la que hemos vivido muchos siglos, tan normal que un nombre se
haga cargo de cuidarnos, como en las cavernas, tan normal que se tenga el
ideario colectivo de que nosotras desconocemos cómo resolver problemas de
seguridad pública, nada, absolutamente nada justifica que sigamos siendo
discriminadas por nuestra condición de mujeres, desde 1994 con la Convención
Belem Do Pará se hace una conexión entre violencia contra las mujeres y
discriminación.
Cambiemos de escenario, en lugar de que me lo digan en la calle me lo
dicen en el Congreso del Estado, un servidor público, y además no me lo dice
con palabras tan melosas como me lo dijeron en el otro escenario, sino que alza
la voz y dice que le gustaría mucho que yo fuera hombre para “partirle su
madre”.
¿Qué cambió? Parece que sólo el escenario, porque ambos son actos
violentos.
Sólo que en el escenario dos, en el Congreso del Estado, el hombre que
le dijo eso a la mujer tiene la obligación de guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es más hasta juró que
iba a hacerlo y que no violaría las Leyes.
Los Servidores Públicos deben velar por que se cumpla la Constitución y
el Artículo Primero es el que deberían traer tatuado; los Diputados y Diputadas
tienen la responsabilidad de saber qué hacer cuando tienen enfrente un
micrófono, sea el de la tribuna legislativa, sea el de un medio de
comunicación, sea el de un evento público, y deben estar plenamente conscientes
de sus obligaciones, que entre otras, es promover y fomentar el respeto a los
derechos humanos.
Deben tener claro que todas las personas somos iguales y todos gozamos
de los mismo derechos, y que las personas en el servicio público, sean electas,
de representación proporcional, o designadas están obligadas a “(…) promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…) y el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos”, además deben saber que está prohibida “(…) TODA discriminación por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.
Las personas no deberíamos sentirnos atemorizadas por otras personas que
están en un espacio en el que se
discuten los aspectos legales y jurídicos con los que debemos actuar. Cuando
escuchamos que en la Tribuna Legislativa hay actos de agresión por cuestiones
de género, nos sentimos todas las mujeres más vulnerables aún, porque justo es
en ese escenario en el que se deben gestar las leyes que estén encaminadas a
erradicar la violencia contra las mujeres, y cuando pasa lo contrario y se
hacen comentarios violentos, misóginos, sexistas, machistas no sólo se lo dicen
a la receptoras directa del mensaje, sino a todas.
Como sociedad exigimos que el escenario legislativo sea un recinto de
igualdad recíproca, que no genere y ni reproduzca actos de violencia contra las
mujeres, que quienes tienen la representación popular lleven acciones
encaminadas a consolidar una igualdad plena.
Pero también exigimos congruencia: que si en el legislativo hay personas
que tienen naturalizada la violencia contra las mujeres y lo hacen publico
agrediendo a sus compañeras y compañeros, de inmediato se genere una reacción
conjunta de todo el Poder Legislativo mediante un exhorto firmado por
legisladores y legisladoras no sólo para evitar violencia de género o de
cualquier otro tipo de violencia, sino que haya
mecanismos de sanción a quienes lo incumplan.
