LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS parte II, por Gloria Serrato

 

• LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS parte II

Colaboración para Global Media

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15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En nuestro país es relativamente reciente la atención y el apoyo para las personas que han sido víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos. El cambio ha sido legal, como casi todo en nuestro país, es necesario primero un marco normativo sobre cómo resolver una situación y ya luego hay que exigir la voluntad política para su cumplimiento.

La condición de víctima es una situación muy delicada y compleja, sufrir un delito es un hecho que erosiona nuestra tranquilidad, nuestra percepción de seguridad, a pesar de esa sensación es importante acudir ante las autoridades para denunciar el hecho, con todas las implicaciones que esto tiene, y alcanzar la justicia  para lograr que se repare el daño.

En materia de justicia penal la víctima no tenía participación en el proceso que se llevaba a cabo para enjuiciar a quien había cometido un delito, no se le preguntaba cómo se sentía, ni tenía acompañamiento para enfrentar un proceso largo para alcanzar la justicia.

Los colectivos de víctimas impulsaron la implementación de los acuerdos y tratados internacionales, porque surgieron siendo víctimas directas o indirectas de un delito. Empezaron exigir la obligación del Estado en relación con la atención, trato digno, trato sensible, que quedaron plasmados como derechos de las víctimas en la Ley de Atención a Víctimas, para alcanzar el acceso a la justicia en el menor tiempo y conocer la verdad de los hechos.

En este panorama se comenzó a visibilizar desde diferentes enfoques, las dificultades de una persona víctima, las travesías que tenían emprender para que el Estado cumpliera con sus obligaciones.

Toda esta presión social generó en una reforma primero constitucional, y posteriormente en la creación de una ley General de víctimas, además en cada una de las entidades una ley estatal de atención a víctimas; pero también era necesario quien tenía que operar y poner en práctica lo que la ley señalaba, por lo tanto se crearon las comisiones para la atención a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

En nuestro país tuvieron que transcurrir 23 años para que se hiciera tangible la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, aprobada por la ONU en 1985,  la vemos materializada en la reforma a la Constitución en 2008, que implicó la creación de un área especializada del Gobierno para atender a las víctimas.

La intención era que las víctimas alcanzaron la reparación integral del daño, que tuvieran un atención especializada en base a su condición de vulnerabilidad que presentaba, que tuviera un acompañamiento que no le abandonara durante todo el proceso penal hasta alcanzar la justicia, y que pudiera tener la reparación del daño que había vivido.

Hubo intervenciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la creación en el año 2000, de Provictima que es el Programa de Atención a Víctimas del Delito, once años más tarde el gobierno constituyó Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, que se trasformó en enero de 2014, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Así surgieron las comisiones de víctimas, para cumplir con la ley era necesario contar con personal especializado y sensible de varias ramas, por lo que se integraron equipos de trabajo especializados en trabajo social, en psicología, en abogacía, que habían ya trabajado con víctimas, que además de que contarán con sensibilidad para atender a personas que habían atravesado una situación delicada, tuvieran los conocimientos profesionales.

En 2016 se consolida en San Luis Potosí la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con atribuciones pero sin presupuesto, con un esquema de toma de decisiones plenarias, poco después se convirtieron en figuras unipersonales.

El comienzo fue áspero, al gobierno actual le fue heredada una Comisión de Víctimas que había sido electa pero sin recursos para su operación, con muchas responsabilidades frente al nuevo sistema de justicia penal, porque tenían que hacer la representación con el Asesor Jurídico de las víctimas, lo cual implicaba el despliegue de especialistas en derecho por todo el territorio estatal, y sin presupuesto.

La Comisión de Víctimas en San Luis Potosí nació con buenas intenciones y muchas ganas de generar una sinergia entre el Poder Judicial,  la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, para que el Sistema de Justicia Penal incluyera la figura del Asesor Jurídico como una parte trascendental y se visibilizarán las necesidades de la víctima.

Parece todo tan sencillo pero no es así, visibilizar las necesidades de las víctimas, lograr que los operadores del sistema vean una CEEAV fuerte, es una tarea que tomará varias administraciones, se requiere de la disposición del ejecutivo y de cambios en la Ley Estatal de Atención a Víctimas. De lo contrario este organismo puede desvincularse de su objeto inicial y convertirse en un trampolín político.

Apenas este domingo se eligió al comisionado que deberá dirigir por los próximos cinco años este organismo, con muchos retos a cumplir, entre ellos robustecer en el Sistema de Justicia Penal, la figura del Asesor Jurídico, aumentar el presupuesto, fortalecer las delegaciones o sedes de la CEEAV en el interior del estado.

La Comisión de víctimas tiene que tomar un rol activo, trabajar de manera más eficaz en alcanzar una pronta reparación del daño de las víctimas.

En mi trayectoria profesional viví una circunstancia histórica en San Luis Potosí al abrir la primer Comisión de víctimas, que nació para cumplir la reforma constitucional, iniciamos con la figura de un pleno que dirigíamos las acciones de ese órgano, en aquel momento hubo cambios necesarios para integrar al personal con el perfil indispensable para atender a las personas que habían vivido hechos delictivos, hubo seis meses en los que trabajamos de manera honorífica.

Fuimos tres comisionados, luego un pleno conformado por tres mujeres, que iniciamos y dejamos las bases de la organización que exigía la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, como son la creación de un fondo de reparación del daño, de un registro estatal de víctimas, de las unidades administrativas para el apoyo de las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos.

Fue una situación nada sencilla, no había presupuesto, tuvimos que trabajar durante más de un año en las instalaciones de lo que es ahora el Centro de Justicia para las Mujeres, estaba fusionada de manera extraña la Comisión de Víctimas con el CJM, porque se si había un antecedente de un Centro de Atención a Víctimas con atención psicológica, de trabajo social y de orientación jurídica.