LOS
AYUNTAMIENTOS Y LA AVG
Colaboración
para Global Media
03
SEPTIEMBRE DEL 2018.
En los últimos ocho meses las estadísticas de muertes violentas de
mujeres arroja que una mujer fue asesinada cada semana en San Luis Potosí; los
feminicidio se han convertido en una constante que dejan como saldo la
desolación e inseguridad para las mujeres, nos deja incertidumbres sobre la
implementación de acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar la
violencia, nos deja la duda sobre la efectividad de los trabajos realizados por
parte de las autoridades estatales y municipales.
Pero el saldo más delicado de los feminicidios es la carencia de
respuesta para las víctimas indirectas que son los hijos de las mujeres
asesinadas, las madres, los padres, los hermanos, las hermanas; la ayuda
inmediata como parte de la respuesta que llevan a cabo las autoridades son sólo
un curita para la herida tan grande que tienen las familias que han sufrido la
pérdida de una mujer.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) está en estatus de
#NoLaQuieroVer, así invisible, cómo sí al no ver el problema se resuelva con el
tiempo, y al invisibilizarlo da la pauta a que el comportamiento de la
violencia feminicida esté variando, han asesinado a mujeres en localidades que
no fueron previstas por Gobernación, el vínculo se gesta por la ausencia de
estrategias claras, unificadas entre todos los actores involucrados para dar
respuesta a las denuncias de violencia familiar.
Las más de 50 familias de las víctimas han esperado 14 meses a que se
alcance la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y puedan
establecer un plan de acción que dé cumplimiento a lo que solicita la AVG y que
son acciones muy concretas y focalizadas en tres medidas: De Seguridad, de
Prevención, y de Justicia y Reparación; además de visibilizar la violencia de
Género y mensaje de cero tolerancia. Es decir, el Estado debe hacer una
estrategia basada en los puntos que señala la Declaratoria, orientados por
supuesto a elevarlos a política pública con el propósito de que no sean medidas
emergentes sino continuas hasta generar un cambio en las mentalidades de la
colectividad sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Los municipios se han hecho a un lado y sólo un alcalde atinó a salir a
dar el pésame a los deudos de una de las víctimas, y son los ayuntamientos los
que deben estar de la mano en esa coordinación con las autoridades estatales,
teniendo como objetivo que se lleven a cabo acciones que efectivamente sean un
apoyo y acompañamiento para las mujeres que viven violencia. Sería deleznable
que utilicen recursos públicos con el pretexto de resolver la violencia contra
las mujeres con proyectos que encarguen a empresas o incluso a asociaciones
civiles que se presten a desviar recursos económicos a nombre de las mujeres.
Los ayuntamientos pueden pedir asesoría del Instituto Nacional de las
Mujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) que tienen estrategias ya diseñadas, sustentadas en
políticas públicas.
Por ejemplo en 2012 la CONAVIM apoyada en la experiencia de la sociedad
civil organizada en materia de acompañamiento y apoyo a víctimas de violencia
de género, diseñó una estrategia que denominó Redes Ciudadanas
de Actuación en Detección, Apoyo y Referencia en Situaciones de Violencia y
Empoderamiento de Mujeres. [1] con el objetivo de lograr que
la autogestión comunitaria para la construcción de mujeres empoderadas, y crear
redes de apoyo en cada localidad, urbana o rural, y que desde la propia comunidad
se hicieran acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Esta idea de las Redes comunitarias se da como generación espontánea de
parte de las autoridades de gobiernos como Aguascalientes, Puebla y Estado de
México, porque era una manera accesible de trabajar colaborativamente con la
sociedad civil organizada, y que fuera desde el propio Estado como se
implementara una acción gubernamental orientada a resolver la violencia contra
las mujeres.
Así pues en 2009 Aguascalientes se convierte en pionero en crear un
Modelo de Redes Comunitarias con lo que denominó Modelo de redes
comunitarias para la detección, apoyo y referencia de casos de violencia de
género [2]
, y con un elemento adicional que era la canalización o referencia de los casos
para una atención especializada. En 2012 y tomando como ejemplo el Modelo
construido por CONAVIM, el gobierno de Puebla elabora el Modelo de redes municipales para el combate a la violencia comunitaria
[3],
estrategia que incluía una ruta crítica de atención, es decir ya un proceso que
determinara que le correspondía a cada una de las instituciones para atender a
las mujeres víctimas de violencia.
Recientemente
a principios del año, Toluca en el Estado de México, implementó el Plan de acción para la Red Comunitaria de
Mujeres para la Prevención de la Violencia [4] con la idea central dada por CONAVIM en 2012
pero con esquemas de evaluación y medición de resultados, además con el soporte
y apoyo de mecanismos digitales a través de internet.
Y San Luis Potosí se suma a la lista de gobiernos municipales que se
inclinan por la organización de redes comunitarias, con una estrategia que el
gobierno de Ricardo Gallardo encargó a la asociación Civil Animos Novandi A.C ,
que tomó fielmente la estrategia de CONAVIM que se recoge en el documento Red Comunitaria de Mujeres por la Prevención
de la Violencia [5]. El
pago económico por la elaboración e implementación de esta Red es información
reservada, es importante que se despeje la posibilidad de que este proyecto se
haya utilizado con fines electorales.
Este ejemplo nos sirve para que los otros ayuntamientos que tienen AVG
se asesoren con las instancias adecuadas antes de hacer pagos millonarios por
proyectos que son acciones de política pública del gobierno federal, que el
saldo para apoyar la erradicación de la violencia contra las mujeres no sea el
desvió de recursos para favorecer amistades o grupos de origen partidista.
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