CAMBIOS EN LA AVG
Colaboración
para Global Media
12
AGOSTO 2019.
¿Por
qué los proyectos que se planean se quedan a medias? ¿Por qué las obras que se
hacen operan inadecuadamente?¿Por qué hay distancia entre los que queremos y lo
que realmente tenemos? Estas preguntas pueden plantearse en nuestro entorno
personal y familiar y quizá encontremos rápido las respuestas, pero ¿qué pasa
cuando esos mismos planteamientos nos los hacemos como sociedad y cómo nación?
Casi
siempre que vemos obras que anuncia el gobierno nos deja un halo de esperanza y
podemos incluso reconocer que el dinero público puede gastarse en beneficio de
todos, pero al paso del tiempo hemos observado que las políticas públicas se
guiaron para favorecer a sólo unos pocos.
Para
curar todos los males derivados de las malas actuaciones de los servidores
públicos se han creado organismos anticorrupción, todas las acciones en favor
de crear un gobierno transparente parece un mero disfraz electoral, que se
utiliza para ganar una elección y gobernar. Pero cuando este disfraz es tan
ineficaz que por si mala operación mueren personas debe tener otro tipo de
atención.
Por
ejemplo cuando el gobierno federal anunció hace meses que cambiarían las reglas
de operación para las acciones que llevaban a cabo con recursos federales tanto
los estados, los municipios como organismos de la sociedad civil, pareció una
medida ingrata, que se iban a quedar proyectos sin realizar, y cientos de miles
de personas no tendrían la ayuda que con estos recursos recibían.
El
gobierno tuve que ser flexible y no mover todo tan de golpe, sobre todo en un
tema tan sensible como los apoyos a las mujeres que han vivido violencia.
Limitar los recursos federales a programas de atención, prevención, sanción y
erradicación de la violencia puede ser un golpe mediático muy duro, más que el
verdadero impacto a quienes se debe destinar el apoyo.
Hay
proyectos financiados por la federación dirigidos a alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres a través del Instituto Nacional de las Mujeres, que es un
órgano sectorizado de la administración Pública Federal con la facultad de
coordinar acciones entre diversas dependencias, también la Secretaría de
Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), muchos proyectos mal enfocados, no
cumplieron con las expectativas, ni han dado resultados.
¿Qué
falló? ¿Qué está ocurriendo con las auditorías a los proyectos y a las
instituciones y organismos de la sociedad civil que los ejecutan? ¿Por qué se
autorizaron proyectos para programas que no cumplían con alguna línea de las
políticas públicas señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
vida Libre de Violencia?
La
CONAVIM ha reconocido el fracaso en las acciones para el cumplimiento de la
Alerta de Violencia de Género, y urge para que se hagan las modificaciones
necesarias desde la ley para contar con mecanismos claros sobre la
fiscalización de los fondos públicos destinados sólo a ese tema.
La
propuesta es crear Contralorías Sociales, es decir la propia sociedad debe
evaluar los proyectos y esto ya lo habían realizado desde los programas de
trabajo que organizaba la Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría del
bienestar, y también resultaron poco convincentes para saber si el gasto
corresponde al impacto en la población.
Para
lo relacionado con las Alertas de Violencia de Género, los estados y los
municipios han dejado la responsabilidad del financiamiento a la Secretaría de
Gobernación, que es juez y parte, porque esa Secretaría es quien determina si
es viable una petición de AVG, y también organiza al grupo de estudio que
dictamina, y es también la que señala qué acciones deben realizarse, y es
también la que otorga el recurso.
En
12 años que tiene ya el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, no se ha
logrado la disminución de los casos de feminicidio.
Va
más allá de construir espacios para la atención de las mujeres víctimas de
violencia, es indispensable que las personas servidoras públicas vivan la
perspectiva de género como metodología de trabajo, es evidente que la
fiscalización a los recursos destinados en disminuir y erradicar la violencia
contra las mujeres debe ponerse para identificar con indicadores y metas
concretas el cambio cultural que se genera con cada peso que se aplica para tal
fin.
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