REVISIÓN DEL MECANISMO DE LA AVG
Colaboración
para Global Media:
05
AGOSTO 2019.
En días pasados la Comisión de Igualdad y Género de
la Cámara de Diputados convocó a una mesa de trabajo para el análisis de la
reforma que se llevará a cabo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, con varios objetivos entre ellos revisar en qué
falla el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género.
El gran reto desde hace 12 años es como medir el
resultado real de la implementación de la Alerta de Violencia de Género,
señalada como uno de los mecanismos que serán contundentes en la prevención y
erradicación de la violencia feminicida.
Contar con un componente legal que obligue a la
autoridad a implementar estrategias de emergencia frente a la violencia feminicida
es un alcance sin precedentes desde el enfoque del derecho humano de las
mujeres a una vida libre de violencia, que comenzó con visibilizar los ataques
que padecían las mujeres en diferentes ámbitos y que ponían en riesgo la salud,
la integridad física y emocional y la vida de las mujeres por carecer de una
estrategia clara en la prevención, atención, sanción y erradicación de todas
las formas de violencia.
Hubo mucho trabajo previo de investigación, como
fue la Investigación Diagnóstica sobre la violencia Feminicida en la
República Mexicana además de activismo de parte de muchas mujeres que
llegaron a concretar junto con la antropóloga Marcela Lagarde en 2007 la
aprobación Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y
que incluía la implementación de la Alerta de Violencia de Género.
Con el paso de estos año y declarada la AVG en 411
municipios de 18 estados del país fue necesario hacer una pausa y revisar que
las estrategias para cumplir con lo que advierte cada Declaratoria de la AVG en
cada entidad no hay manera de evaluar su efectividad, porque las muertes
violentas de mujeres no han disminuido.
La propia Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ha advertido que no hay
acciones concretas que nos den inicios sobre el impacto positivo del trabajo
que hacen las autoridades para identificar cambios en la violencia contra las
mujeres.
Las autoridades estatales ni siquiera tienen un
plan de trabajo una vez que la que Secretaria de Gobernación ha decretado la
Alerta, si no hay estrategias claras, ni acciones vinculadas a un plan , pero
si hay recursos que los estados solicitan a la CONAVIM para trabajar en el
cumplimiento de la AVG, quiere decir que han tirado por la borda la idea inicial
de erradicar la violencia feminicida, han simulado las autoridades estatales y
las municipales han aprovechado para dejar de hacer su tarea como primera
autoridad con la que las víctimas tienen contacto.
Por autoridades debemos separar, aunque todas
tienen un rol en esta densa vinculación de omisiones, pero la autoridad con la
que se ha confiado que llegan las víctimas de violencia familiar y feminicida,
son las autoridades de salud, por llegar lastimadas, heridas, con trastornos
psicológicos y que no todas las ocasiones se da parte a la autoridad fiscal
para que lleve a cabo las investigaciones necesarias.
La CONAVIM ha otorgado recursos federales a los
estados de manera casi discrecional y opaca en sus mecanismos de selección de
proyectos aparentemente realizados por actores de la sociedad civil. Por las
propias palabras de la Comisionada de la CONAVIM Candelaria Ochoa, los
proyectos no tenía estándares de calidad adecuados, muchas asociaciones civiles
a quienes se les entregaron fondos federales tenían acuerdos con las
autoridades responsables del cumplimiento de la AVG.
A la Alerta de Violencia de Género le urge un
cambio estructural en la forma de revisar su cumplimiento, requiere de cambios
sustanciales que vayan más allá de la creación de una Contraloría Social para
vigilar su cumplimiento. Es necesario que desde la propia Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establezcan los mecanismos de
control y evaluación.
Los 12 años de la AVG sin resultados hace que más mujeres
sigan siendo víctimas de la violencia feminicida, con la complicidad de
autoridades estatales para otorgar proyectos a actores de la sociedad civil que
incumplen con los perfiles adecuados, pero además con una completa ausencia de
compromiso con la garantía de los derechos humanos.
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