- LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS parte II
Colaboración
para Global Media
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15
DE SEPTIEMBRE DEL 2020
En
nuestro país es relativamente reciente la atención y el apoyo para las personas
que han sido víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos. El
cambio ha sido legal, como casi todo en nuestro país, es necesario primero un
marco normativo sobre cómo resolver una situación y ya luego hay que exigir la
voluntad política para su cumplimiento.
La
condición de víctima es una situación muy delicada y compleja, sufrir un delito
es un hecho que erosiona nuestra tranquilidad, nuestra percepción de seguridad,
a pesar de esa sensación es importante acudir ante las autoridades para
denunciar el hecho, con todas las implicaciones que esto tiene, y alcanzar la
justicia para lograr que se repare el
daño.
En
materia de justicia penal la víctima no tenía participación en el proceso que
se llevaba a cabo para enjuiciar a quien había cometido un delito, no se le
preguntaba cómo se sentía, ni tenía acompañamiento para enfrentar un proceso
largo para alcanzar la justicia.
Los
colectivos de víctimas impulsaron la implementación de los acuerdos y tratados
internacionales, porque surgieron siendo víctimas directas o indirectas de un
delito. Empezaron exigir la obligación del Estado en relación con la atención,
trato digno, trato sensible, que quedaron plasmados como derechos de las
víctimas en la Ley de Atención a Víctimas, para alcanzar el acceso a la
justicia en el menor tiempo y conocer la verdad de los hechos.
En
este panorama se comenzó a visibilizar desde diferentes enfoques, las
dificultades de una persona víctima, las travesías que tenían emprender para
que el Estado cumpliera con sus obligaciones.
Toda
esta presión social generó en una reforma primero constitucional, y posteriormente
en la creación de una ley General de víctimas, además en cada una de las
entidades una ley estatal de atención a víctimas; pero también era necesario
quien tenía que operar y poner en práctica lo que la ley señalaba, por lo tanto
se crearon las comisiones para la atención a las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos.
En
nuestro país tuvieron que transcurrir 23 años para que se hiciera tangible la
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder, aprobada por la ONU en 1985, la vemos materializada en la reforma a la
Constitución en 2008, que implicó la creación de un área especializada del
Gobierno para atender a las víctimas.
La
intención era que las víctimas alcanzaron la reparación integral del daño, que
tuvieran un atención especializada en base a su condición de vulnerabilidad que
presentaba, que tuviera un acompañamiento que no le abandonara durante todo el
proceso penal hasta alcanzar la justicia, y que pudiera tener la reparación del
daño que había vivido.
Hubo
intervenciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la creación en
el año 2000, de Provictima que es el Programa de Atención a Víctimas del
Delito, once años más tarde el gobierno constituyó Procuraduría Social de
Atención a las Víctimas, que se trasformó en enero de 2014, en la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Así
surgieron las comisiones de víctimas, para cumplir con la ley era necesario
contar con personal especializado y sensible de varias ramas, por lo que se
integraron equipos de trabajo especializados en trabajo social, en psicología,
en abogacía, que habían ya trabajado con víctimas, que además de que contarán
con sensibilidad para atender a personas que habían atravesado una situación
delicada, tuvieran los conocimientos profesionales.
En
2016 se consolida en San Luis Potosí la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas, con atribuciones pero sin presupuesto, con un esquema de toma de
decisiones plenarias, poco después se convirtieron en figuras unipersonales.
El
comienzo fue áspero, al gobierno actual le fue heredada una Comisión de Víctimas
que había sido electa pero sin recursos para su operación, con muchas
responsabilidades frente al nuevo sistema de justicia penal, porque tenían que
hacer la representación con el Asesor Jurídico de las víctimas, lo cual
implicaba el despliegue de especialistas en derecho por todo el territorio
estatal, y sin presupuesto.
La
Comisión de Víctimas en San Luis Potosí nació con buenas intenciones y muchas
ganas de generar una sinergia entre el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría
Pública, para que el Sistema de Justicia Penal incluyera la figura del Asesor
Jurídico como una parte trascendental y se visibilizarán las necesidades de la
víctima.
Parece
todo tan sencillo pero no es así, visibilizar las necesidades de las víctimas,
lograr que los operadores del sistema vean una CEEAV fuerte, es una tarea que
tomará varias administraciones, se requiere de la disposición del ejecutivo y
de cambios en la Ley Estatal de Atención a Víctimas. De lo contrario este
organismo puede desvincularse de su objeto inicial y convertirse en un
trampolín político.
Apenas
este domingo se eligió al comisionado que deberá dirigir por los próximos cinco
años este organismo, con muchos retos a cumplir, entre ellos robustecer en el
Sistema de Justicia Penal, la figura del Asesor Jurídico, aumentar el
presupuesto, fortalecer las delegaciones o sedes de la CEEAV en el interior del
estado.
La
Comisión de víctimas tiene que tomar un rol activo, trabajar de manera más
eficaz en alcanzar una pronta reparación del daño de las víctimas.
En
mi trayectoria profesional viví una circunstancia histórica en San Luis Potosí
al abrir la primer Comisión de víctimas, que nació para cumplir la reforma
constitucional, iniciamos con la figura de un pleno que dirigíamos las acciones
de ese órgano, en aquel momento hubo cambios necesarios para integrar al
personal con el perfil indispensable para atender a las personas que habían
vivido hechos delictivos, hubo seis meses en los que trabajamos de manera honorífica.
Fuimos
tres comisionados, luego un pleno conformado por tres mujeres, que iniciamos y
dejamos las bases de la organización que exigía la Ley de Víctimas para el
Estado de San Luis Potosí, como son la creación de un fondo de reparación del
daño, de un registro estatal de víctimas, de las unidades administrativas para
el apoyo de las personas víctimas de delito y de violaciones a derechos
humanos.
Fue
una situación nada sencilla, no había presupuesto, tuvimos que trabajar durante
más de un año en las instalaciones de lo que es ahora el Centro de Justicia
para las Mujeres, estaba fusionada de manera extraña la Comisión de Víctimas
con el CJM, porque se si había un antecedente de un Centro de Atención a
Víctimas con atención psicológica, de trabajo social y de orientación jurídica.
